La consigna del Gobierno de Juan Carlos Cárdenas es salvaguardar la vida de más de 60 familias afectadas por los deslizamientos de tierra en el asentamiento Miramanga, en la comuna 14.
La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Unidad Municipal de Riesgo de Desastres, UMGRD, viene acompañando a las 60 familias afectadas por la remoción en aproximadamente dos hectáreas del asentamiento Miramanga, en la comuna 14.
“Con las comunidades llegamos a unos acuerdos para dar el primer paso: desalojar 14 viviendas que están en una condición críticas, sus estructuras colapsaron en algunos puntos”, explicó Luis Ernesto Ortega, coordinador de la UMGRD.
En el sector ya se decretó calamidad pública para poder atender a las familias que se han visto afectadas desde el pasado 2 de octubre, cuando la remoción en masa empezó agrietar las primeras casas.
“Esta declaratoria de calamidad nos permite poder realizar un estudio específico para mirar qué tanto del total de las 700 familias que allí residen se verán afectadas con esta situación”, agregó el funcionario local.
El Gobierno Local dispondrá de albergues temporales para la atención de las familias que aún faltan por evacuar, así como también se dispondrá de subsidios de arriendo para los damnificados.
Seguimiento a situación en Miramanga
Es de destacar que la UMGRD mantiene una comunicación directa y constante con los habitantes de la zona para conocer el minuto a minuto de la situación a través de un grupo de WhatsApp.
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El mandatario de los bumangueses, Juan Carlos Cárdenas, señaló que «es importante buscar soluciones con el Gobierno Nacional para estudiar posibles reubicaciones en proyectos de vivienda de interés social a la población que hoy está en zonas de alto riesgo; tenemos que proteger la vida».
Desde el Municipio se apoyará, de la mano de la Personería y Defensoría del Pueblo, a los afectados en emprender acciones judiciales contra las personas que comercializaron estos terrenos, en zonas no aptas para la construcción, desde hace unos años.
“Es una zona con antecedentes de movimiento de tierras en los años 2006 y 2010. El propietario del terreno, años atrás, parceló y vendió. Ahora, las inversiones que hicieron las personas están en riesgo de perderse en su totalidad. Engañaron a esta población”, concluyó Luis Ernesto Ortega.