El Concejo de Bucaramanga es el único que tiene la competencia de determinar el sistema y el método, a través de un estudio económico, para establecer los costos de los servicios que presta la entidad.
El Proyecto de Acuerdo 068 lo único que pretende es cumplir de manera taxativa la ley 769 de 2002. Es de anotar se ha socializado en múltiples ocasiones a los cabildantes y a la comunidad en general.
La aprobación es de vital importancia para avalar los ingresos y avanzar en el funcionamiento e inversiones, por parte de Tránsito, en la regulación con los actores viales. De no contar con ello, la única salida sería la liquidación de la entidad o pasar a un modelo de concesión, como lo hace el municipio de Girón.
La Alcaldía no está de acuerdo con monopolizar el mercado de tránsito del área metropolitana, incluida Bucaramanga, por lo que se espera el apoyo de los concejales con su voto positivo ante el proyecto.
Se quiere dar claridad que los servicios de Tránsito no son un impuesto. El impuesto de los vehículos es cobrado por la Gobernación de Santander, por la ordenanza 77 de 2014 en los artículos 122, y del cual se transfiere sólo el 20% para Bucaramanga. Es decir, $6.400 millones.
Cabe aclarar que el presupuesto de la Dirección de Tránsito al año asciende a los $36 mil millones. No se puede funcionar con sólo los recursos que se transfieren de la Gobernación, pues se estaría condenando a la entidad a la concesión o privatización.
El mensaje es claro, se defiende a la Dirección de Tránsito para que siga siendo pública y siga cumpliendo sus funciones correspondientes. Las tarifas de los servicios, que pagan los usuarios, son fundamentales y están autorizadas por la ley.