Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud de Bucaramanga, que ha venido realizando un seguimiento exhaustivo a las afectaciones generadas por el conductor de un vehículo que atropelló a una mujer y a una niña, el pasado 9 de septiembre, en la esquina de la carrera 26 con Avenida Quebradaseca.
Es de anotar que la Clínica San Luis viene brindando asistencia integral, con su equipo interdisciplinario de especialistas, a la menor de edad. Asimismo, el Hospital Universitario Santander le prestó un servicio médico oportuno y eficaz a la señora involucrada en el hecho.
De igual forma se reconoce la adecuada atención, en el momento del accidente, del Sistema de Emergencias Médicas, realizando los traslados inmediatos.
“La señora fue dada de alta el 12 de septiembre y actualmente se encuentra terminando su recuperación desde casa sin ninguna complicación. Por su parte, la menor sigue siendo atendida adecuadamente en la San Luis y se prepara para terminar su positiva evolución desde el calor de su hogar”, expresó Juan José Rey, secretario de Salud de la capital santandereana.
La Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto de Cultura y Turismo, IMCT, apenas se dio el accidente, rechazaron inmediatamente este acto de irresponsabilidad individual y se inició el proceso de desvinculación del contratista.
Además, se desplegó el apoyo institucional correspondiente para proteger la vida y la salud de las personas y familias afectadas.
“Los más de 3.000 funcionarios y contratistas de Alcaldía y sus institutos descentralizados deben actuar con el ejemplo. Se les pide absoluta responsabilidad. Rechazamos estos hechos, puesto que nuestra prioridad es proteger la vida de los ciudadanos. Hicimos lo que estaba a nuestro alcance y competencia por ley para generar sanciones. Nos da tranquilidad saber la evolución y la recuperación de la mujer y la niña. Ahora la labor sancionatoria les corresponde a los entes judiciales y de control”, enfatizó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.
La Dirección de Tránsito le aplicó la multa más alta, por más de $40 millones, a la persona que ocasionó los hechos, tras no permitir que se le realizara la prueba de alcoholemia. Los jueces serán quienes ahora determinen qué otras sanciones podría tener.